Se presentaron ante el juez Bonadio. Señalan a funcionarios y empresarios por administración fraudulenta y descarrilamiento doloso. Y denunciaron como partícipe secundario al maquinista.
La familia de Lucas Menghini Rey, el último muerto hallado entre los restos del tren de Once, acusó a ex funcionarios kirchneristas del área de Transporte y a los empresarios que manejaron la concesión del ferrocarril Sarmiento, de integrar una asociación ilícita cuyo accionar terminó con la tragedia del 22 de febrero pasado.
La querella de los Menghini Rey es la última que presentó su acusación y lo hizo hace minutos en el juzgado de Claudio Bonadio, quien tiene a su cargo la investigación del choque que produjo la muerte de 51 personas y heridas en más de 700. La acusación de las querellas es un paso necesario para que el caso llegue a juicio oral y público.
De la lectura del escrito presentado por el abogado Leonardo Menghini representante de la familia y tío de Lucas se deduce que se utilizaron fondos públicos en beneficio de los empresarios sin el control de los funcionarios. Un caso de corrupción que llevó al desmantelamiento del Sarmiento y que finalmente terminó la tragedia.
Entre los acusados por la familia Menghini Rey están los ex secretarios de Transporte Ricerdo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Claudio Cirigliano, quien encabeza Trenes de Buenos Aires (TBA) integrante del Grupo empresario con excelentes relaciones con el kirchnerismo, es el principal acusado entre los hombres de negocios.
Paolo Menghini y María del Luján Rey, padres de Lucas, acusan a los funcionarios públicos y los empresarios por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y descarrilamiento doloso-a propósito- del tren. En el último de los delitos, acusan como partícipe secundario a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra la estación de Once.
En uno de los párrafos de la acusación a la que accedió Clarín se lee: “… Surge claramente como a lo largo del tiempo de la concesión, que los directivos y funcionarios de Cometrans S.A. y T.B.A. S.A. desviaron deliberadamente y con total impunidad fondos provenientes indistintamente de las tarifas o los subsidios percibidos respecto a terceras personas físicas y jurídicas sin que estas erogaciones tuvieran que ver, necesariamente, con la operación de las líneas Mitre y Sarmiento”.
Los Menghini Rey describieron el accionar de “la banda”: “La asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en T.B.A. S.A., y los ex funcionarios públicos, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional generaron una “cadena de la felicidad” destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio Cirigliano y el grupo Plaza, y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible”.
La querella de los Menghini Rey es la última que presentó su acusación y lo hizo hace minutos en el juzgado de Claudio Bonadio, quien tiene a su cargo la investigación del choque que produjo la muerte de 51 personas y heridas en más de 700. La acusación de las querellas es un paso necesario para que el caso llegue a juicio oral y público.
De la lectura del escrito presentado por el abogado Leonardo Menghini representante de la familia y tío de Lucas se deduce que se utilizaron fondos públicos en beneficio de los empresarios sin el control de los funcionarios. Un caso de corrupción que llevó al desmantelamiento del Sarmiento y que finalmente terminó la tragedia.
Entre los acusados por la familia Menghini Rey están los ex secretarios de Transporte Ricerdo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Claudio Cirigliano, quien encabeza Trenes de Buenos Aires (TBA) integrante del Grupo empresario con excelentes relaciones con el kirchnerismo, es el principal acusado entre los hombres de negocios.
Paolo Menghini y María del Luján Rey, padres de Lucas, acusan a los funcionarios públicos y los empresarios por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y descarrilamiento doloso-a propósito- del tren. En el último de los delitos, acusan como partícipe secundario a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra la estación de Once.
En uno de los párrafos de la acusación a la que accedió Clarín se lee: “… Surge claramente como a lo largo del tiempo de la concesión, que los directivos y funcionarios de Cometrans S.A. y T.B.A. S.A. desviaron deliberadamente y con total impunidad fondos provenientes indistintamente de las tarifas o los subsidios percibidos respecto a terceras personas físicas y jurídicas sin que estas erogaciones tuvieran que ver, necesariamente, con la operación de las líneas Mitre y Sarmiento”.
Los Menghini Rey describieron el accionar de “la banda”: “La asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en T.B.A. S.A., y los ex funcionarios públicos, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional generaron una “cadena de la felicidad” destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio Cirigliano y el grupo Plaza, y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible”.
